Responsabilidad del Poder

La responsabilidad del poder

Por: William Ospina

CUANDO LOS DEFENSORES DE LOS Derechos Humanos hablaron con alarma de la posibilidad de que se estuvieran dando en Colombia ejecuciones extrajudiciales y crímenes de Estado, el Gobierno y sus asesores rechazaron esas acusaciones y afirmaron que quienes así hablaban eran aliados de la subversión.

Ahora se revela que altos oficiales del Ejército permitieron que hombres a su mando reclutaran jóvenes en las barriadas con la intención de asesinarlos y presentar sus cadáveres como bajas del enemigo, para merecer los premios que se ofrecen por dar de baja a los rebeldes.

Desde hace años escuchamos denuncias de personas humildes que afirman que sus hijos o parientes, gentes pacíficas, siempre pobres y a veces con problemas de retraso mental, desaparecían de los barrios y aparecían como combatientes dados de baja, decorados con armas y uniformes. Eran casos aislados, se decía, y voceros del alto gobierno solían repetirnos que no se puede por casos aislados arrojar un manto de duda contra unas instituciones que todos tenemos el deber de respaldar.

Lo mismo se dijo cuando se dieron los tremendos choques armados entre miembros de la Policía y del Ejército, como el caso de Jamundí, donde una tropa del Ejército acribilló a un grupo de agentes de la Policía antinarcóticos. Y cada vez que surgían evidencias de colaboración entre miembros de las Fuerzas Armadas y grupos al margen de la ley. El propio presidente Álvaro Uribe descalificó a quienes acusaron a miembros de la Fuerza Pública de haber asesinado a varias personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y acusó a esa Comunidad, bien conocida por defensores de los Derechos Humanos, de estar aliada con grupos subversivos. Nadie ignora tampoco el desagravio que brindó a un general de la República acusado de apoyar a grupos paramilitares en la región de Urabá.

Quienes sólo sabemos lo que pasa en el país por la información que ofrecen los medios de comunicación, podemos equivocarnos en la apreciación y la valoración de los hechos. Tienen menos derecho a equivocarse quienes manejan toda la información posible, porque ejercen el poder y cuentan con millares de investigadores. Los gobernantes que responden por el honor de unas instituciones centenarias, tienen una tradición que honrar y un país que respetar. Por eso es un escándalo que, abandonando sus responsabilidades, se conviertan en defensores de oficio de quienes se ven acusados de crímenes.

Cuando estalló el escándalo de los jóvenes de Soacha reclutados por militares y exhibidos como enemigos dados de baja, el Presidente declaró que estaba confirmado que habían muerto en combate. Ahora sacude a los estamentos ordenando una purga en las filas del Ejército porque se ha demostrado que aquellas acciones heroicas de unos militares eran en realidad crímenes atroces.

Los oficiales implicados están siendo expulsados del Ejército por no haber sabido controlar a sus hombres. Pero ¿qué pasa con quienes no han sabido controlar a esos oficiales? ¿Cuál es la formación que se está dando a las Fuerzas Armadas para que oficiales de semejante graduación incurran en vilezas contra la comunidad peores que las de las peores tiranías? Los grandes tiranos suelen masacrar a sus opositores, pero son pocos los casos en la historia de la infamia en que se maten inocentes para obtener medallas. El hecho es de la mayor gravedad, y no implica sólo a quienes han cometido con toda conciencia estos crímenes, sino a quienes no sólo no han sabido controlarlos sino que los tenían acostumbrados a una rutina de justificaciones y absoluciones.

Pero es que el discurso corriente de nuestros líderes es propicio para estimular esos comportamientos atroces. En cualquier país del mundo uno oye a los ministros de Defensa decir: "Estamos comprando armas, pero nuestros ciudadanos pueden estar seguros de que son para usarlas contra cualquier enemigo exterior". Sólo en Colombia le hemos oído decir a un ministro de Defensa: "Estamos comprando armas, pero los otros países pueden estar tranquilos porque esas armas son para usar dentro de nuestras fronteras". Esa diferencia sutil de intención termina siendo interpretada de muchas maneras.

Cuando se presentó el espantoso asunto de un guerrillero que asesinó a su jefe mientras dormía y le cortó la mano para pedir la recompensa, el Gobierno aplaudió aquel hecho y nos hizo sentir la vergüenza de que Colombia se había vuelto una madriguera de cazadores de recompensas autorizados por el Estado para cometer crímenes. Y esa mano cortada ha quedado unida desafortunadamente a la memoria de este Gobierno, como un símbolo de su ambiguo sentido de humanidad.

Ahora sabemos que es la continua exigencia de resultados, la costumbre de medir esos resultados por delincuentes dados de baja, y una política obscena de recompensas en honores, grados y medallas por hechos crueles, lo que alienta estos actos perversos de una gente que se engolosina con la violencia hasta el punto de masacrar sin escrúpulos a la propia comunidad.

Cuanto más alto sea quien lo permite, más oscuro es el pecado, más desalentadores para la sociedad estos hechos que nadie olvidará. El ejercicio del poder es una responsabilidad trascendental, ante la que no caben las astucias. Porque hasta los testigos pueden callar y perdonar, pero la historia siempre dice la última palabra.

• William Ospina