Ponencia Presentada En El Marco Del 1er Encuentro
“Hacia Una Política Pública De Control Ciudadano En Cartagena
Universidad Tecnológica De Bolívar
Carlos Cesar Castillo Torres
Políticas Públicas, Participación Ciudadana Y Poder Local
Voy a tratar un tema sobre el cual he estado pensando, desde que asumí la presidencia del CTP, que es la relación entre ética y política.
Esta relación para mí significa qué debe ser hoy una política progresista siendo que la política más ética es una política de progreso, porque es una política que se centra en el valor de la igualdad y voy a decir una serie de cosas sobre la manera en que, entiendo yo, debería entenderse hoy la política. Yo tengo medianamente en cuenta la realidad del Distrito. Por eso, porque yo hablo desde una realidad que medianamente conozco, me interesa contrastar con ustedes, cómo lo ven desde su realidad y si lo consideran aceptable o consideran que estoy absolutamente equivocado, y que desde una realidad como la suya, hay que hablar de otras cosas, de otros problemas, que como presidente del CTP, me interesa mucho conocer, hablamos.
En la estructuración de esta ponencia o documento, partí del siguiente objetivo central: lo público en nuestro país requiere de un proceso histórico de construcción colectiva. De allí la importancia de la participación ciudadana en la vida social, en los diversos procesos políticos y, en especial, en el control a la acción estatal. Es claro que dicho control contribuye a hacer realidad un fundamento de la democracia contemporánea: el Estado requiere que el poder sea público, que se ejerza a los ojos de todos.
Los retos que hoy interpelan nuestro desarrollo local, exigen nuestro compromiso profundo con un distrito en el que la transparencia y la participación ciudadana son indispensables.
Es un tema en el que estamos trabajando todos, porque de repente nos hemos dado cuenta que hay que hablar de categoría ciudadana, del ciudadano, del sujeto de la política en el sentido más amplio del término política. No sólo en el sentido de la política que hacen los políticos, sino en el sentido de qué tipo de persona es la que se espera de un estado social de derecho, en una democracia participativa que no divide el trabajo en dos mundos distintos: lo que hacen los políticos y lo que reciben los ciudadanos; la idea de un ciudadano más activo
Conceptualizar las políticas públicas, el poder local y la participación ciudadana, son indiscutiblemente imprescindibles en los actuales momentos, tomando en cuenta factores de la práctica política que se entremezclan con las acepciones teóricas. Los dicho arriba ha sido abordado desde diferentes puntos de vista y áreas de conocimiento, por lo que para el presente trabajo nos conduce a definirlos con el apego teórico, sin dejar de lado la práctica política, factor importante para la operativización del mismo.
Las políticas públicas forman parte del qué hacer del Estado, desde la puesta en práctica de planes hasta la omisión de los mismos ante las demandas sociales. De cualquier forma es posible establecer una conceptualización más o menos consensuada, de que "lo político" y "la política" se refiere a principios de un determinado gobierno, orientada para atender fines y una población específica. O sea, es un medio para llegar a una determinada meta económica social.
La ejecución de la política pública tiene dos momentos: "un discurso, o sea una forma de cómo transformar una demanda en un propósito de acción y de registro de la agenda de decisiones de un gobierno; y una práctica, que es una forma para que los diferentes actores que se interrelacionan, formulen sus problemas, exijan soluciones, diseñen instrumentos y materialicen la política".
Es en la práctica política donde se inscriben la participación ciudadana y el poder local, como elementos sustantivos. Aunque, también debe considerarse que estos dos conceptos no son válidos sin tener en cuenta que la democracia es un sistema que fomenta la creación de espacios donde estos se desarrollan y practican. Lógico, sin perder de vista, que la "democracia no es un modelo rígido, terminado, ni tampoco una especie de receta que contenga las respuestas correctas a todos los problemas".
Como no es un modelo rígido, es perfectible, por tanto la participación ciudadana puede ir más allá de las reglas de juego establecidas en nuestra democracia representativa.
Tal vez, la vemos deformada, pero podemos considerar que el elemento "salvador" de esta deformación de la democracia representativa, puede estar asegurado en la democracia "participativa", la cual requiere de una "una sociedad civil que esté constituida por actores insertos en el sistema, con capacidad de gestión en distintos planos, con posibilidades de selección de alternativas, toma de decisiones y elementos propositivos".
Para el caso Cartagena, la sociedad civil actualmente tiene un nicho político y social importante para potenciar su accionar en la reestructuración y dinamización de la administración pública. En otras palabras, nos referimos al proceso de descentralización, especialmente en el tema del traslado de la toma de decisiones públicas de los órganos distritales asentados en el centro, hacia "órganos que se hallan en la periferia de la ciudad, sean estos constitutivos o no de esos órganos distritales". Siendo las localidades, la mayor expresión de estos órganos, con lo cual se vislumbra el fortalecimiento del poder local.
Así también, el papel de las comunidades organizadas es fundamental dentro del proceso de descentralización, la cual se sitúa en un contexto más amplio que el meramente institucional en el que implique el traspaso de capacidades que se encuentran en manos del Distrito directamente a la sociedad y sus organizaciones. Transferencia que debe ser acompañada del conjunto de competencias y recursos (financieros, humanos, materiales); "que podrá gestionar autónomamente en el marco de la legalidad vigente".
No obstante lo anterior, para efectos de la presente ponencia, la descentralización no es el tema principal, no deja de ser trascendental desde el punto de vista político-administrativo, como proceso que afecta no tanto la forma jurídica del distrito, como la forma en que se organiza el poder del mismo, sino la manera en el que los distintos órganos distritales hoy, ejercen el poder y las relaciones entre ellos.
Estos planteamientos conducen a revisar en detalle el papel de la participación ciudadana y el poder local en la generación de las políticas públicas dentro del marco del Sistema de Planeación nacional.
Particularmente, en el Distrito y las localidades, quienes juegan un papel importante en la ejecución y fiscalización del proceso de descentralización, para que no siga siendo una transferencia en el papel, sin hacer el real traslado de las condiciones y los recursos. Lo definido en el párrafo anterior, técnicamente podría representar para las autoridades Distritales una "carga" debido a la falta de recurso humano y técnico local, para asumir responsabilidades que en el caso nuestro, históricamente el Distrito ha administrado mal. Por ello, es importante que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, contemos con mecanismos de participación y consulta que garanticen la transparencia y eficacia de la gestión y el respeto de la voluntad soberana. La descentralización se convierte así, en un instrumento para democratizar el Distrito y no una nueva fragmentación en su administración y ejecución política.
Los elementos anteriormente descritos, permiten hacer una conceptualización apegada a la teoría y la práctica política de la participación ciudadana y el poder local. Definiendo la participación ciudadana como "el involucramiento e incidencia de la ciudadanía y la población en general en los procesos de toma de decisiones, en temas y actividades que se relacionan al desarrollo económico, social y político, así como el involucramiento en la ejecución de dichas decisiones", para promover en conjunto con actores sociales e institucionales, acciones, planificaciones y decisiones hacia el Distrito. Es avanzar en procesos eleccionarios y consultivos hacia la toma de decisiones acordes a las necesidades planteadas, que emergen desde lo comunal y comunitario, se plasman en el nivel local y se consolidan como la política pública del Distrito.
Significa que la participación ciudadana no es un estado mecánico, sino activo, en la priorización y conjunción de intereses y demandas para la búsqueda de solución a las mismas asumiendo y tomando decisiones. El reto, para nosotros y nosotras se convierte en fortalecernos, en el ámbito distrital y local: hacer efectivo el poder local, teniendo en cuenta, como lo indica Foucault, que el poder no está localizado en las instituciones, aunque éstas constituyen espacios donde se manifiesta y ejerce, su origen está fuera de ellas.
Estas acciones se realizan en un espacio determinado, en el nivel local geográficamente hablando será el Distrito y las localidades, en términos político-sociales será en la ciudadanía agrupada en lo que se define como poder local: "que no es más, que las fuerzas, acciones y presiones organizativas a nivel de la comunidad y del Distrito, que contribuyen a satisfacer las necesidades, intereses y aspiraciones de la población local", en donde la ciudadanía, tenga igualdad de oportunidades y un conjunto de garantías que hagan efectiva esa igualdad orientadas fundamentalmente a asegurar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el control y discusión de las políticas del gobierno distrital y local; en este sentido, la participación participará en el debate público y dispondrá de mecanismos que aseguren que la política del Distrito depende de la voluntad y preferencias de nosotros y nosotras como ciudadanos. Eso es precisamente, la democracia participativa.
Ahora bien, partamos de que el referente esencial de los sujetos en las políticas públicas con enfoque de derechos es la participación en medio del ejercicio de la ciudadanía en sociedades democráticas. Es decir, participación, ciudadanía y democracia son el fundamento de la dimensión sociopolítica de cualquier persona, máxime cuando para muchos de nosotros y nosotras, uno de los sentidos fundamentales de la ciudadanía tiene como horizonte los Derechos Humanos.
Miren, formar ciudadanos, con capacidad para participar y forjar sociedades democráticas, implica una serie de retos y desafíos, de entre los cuales es menester resaltar la necesidad de construir una cultura de derechos humanos y paz que ha de estar caracterizada por el respeto mutuo, el reconocimiento del otro, el respeto de la naturaleza y la valoración positiva de las diferencias.
Dicho proceso, fundamentalmente pedagógico, debe partir de generar la autorreflexión, de manera que los líderes y lideresas de las organizaciones sociales nos miremos a nosotros mismos, tanto como individuos y como colectivos, a nuestro entorno y seamos capaces de reflexionar en torno a nuestras actitudes frente a las diferentes situaciones cotidianas, al tiempo que asumimos que es importante que tanto nosotros y nosotras como los colectivos nos apropiemos de los conceptos y términos que nos han de permitir involucrarnos en la defensa de los Derechos Humanos.
Ello implica asumir con claridad una postura política frente a las inequidades e injusticias socioeconómicas y culturales. Se trata de afianzar procesos que formen ciudadanas y ciudadanos preocupados y comprometidos con el bien común, con lo público. De rescatar el sentido de lo político como servicio a las causas comunes, de tal forma que asumir la dimensión sociopolítica implica entre otras cosas generar la capacidad analítica y propositiva al tiempo que desarrolla en el ser humano las competencias necesarias para la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.
En términos de Paulo Freire, bastaría con interiorizar la idea de que “Entre sociedad y educación existe una relación dialéctica y muchas veces la educación se convierte en un importante instrumento para conservar el orden social existente.
Sí la educación para la paz no se convierte en un proceso de acción sociopolítica hacia un progresivo cambio social, no tendremos jamás una educación para la paz y la justicia, sino solamente palabras vacías y sin sentido.”
No cabe duda de que la participación política necesaria en el marco de un proceso democrático va más allá de la existencia de un sistema institucionalizado de elecciones periódicas y limpias. Es fundamental que haya la posibilidad de ejercer algunos otros derechos que son en cierto modo requisitos para que un proceso democrático funcione con alguna regularidad: el derecho de asociación y de reunión, la libertad de expresión y el derecho de acceder a la información, entre otros. La posibilidad real de poner en práctica tales derechos determinará que los sectores más pobres puedan influir en los procesos políticos y en la orientación de las decisiones gubernamentales, es decir, en que se revuelve nuevamente el domino. Pero estará a su vez condicionada o limitada por el grado en que esos sectores estén en condiciones de hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales.
Para incluir a todos los sectores de la sociedad en los procesos políticos y sociales de desarrollo se requiere como herramienta fundamental un adecuado acceso a la información pública y un caudal de información disponible que brinde elementos para evaluar y fiscalizar las políticas y decisiones que los afectan directamente. Si bien el acceso a la información es un principio claro en las estrategias de desarrollo, una mirada desde los derechos tal vez permita orientar mejor las políticas de transparencia y presionar a favor de los cambios institucionales necesarios en el Distrito.
La Red, como experiencia de coordinación social, busca preparar a los ciudadanos y ciudadanas del distrito, a las organizaciones sociales comprometidas con el ejercicio del control a la gestión de las entidades del Estado, y a los funcionarios responsables de dicha gestión pública. Se espera con la formación y capacitación lograr que el ejercicio del control por parte de los ciudadanos confluya y enriquezca la tarea de los organismos de control, y fortalezca la confianza de los ciudadanos en el Distrito y en la democracia.
Ø Algunos desafíos del control Ciudadano
Después de nuestro trasegar comunal y comunitario, de mirar y valorar el ejercicio del control ciudadano de las OSC y de quienes hacen parte de ellas, son muchas las lecciones aprendidas y también los desafíos que pueden apreciarse. Algunos de ellos son:
ü Necesidad de superar la “clientelización” y “el chantaje” de la participación ciudadana, según la cual unos pocos líderes sociales tradicionales se apoderan de manera monopólica de todos los escenarios de participación, casi siempre con claros intereses particulares o de grupo partidista.
ü Necesidad de superar la “burocratización” de la participación ciudadana, según la cual las regulaciones minuciosas y los trámites y procedimientos formales tienen más peso e importancia que lo sustantivo. Dicho de otra manera, como flexibilizar los mecanismos de participación y hacerlos más efectivos de cara a resultados visibles en bienestar y derechos humanos, que la gente hoy reclama.
ü Necesidad de superar “el enfoque pedagógico de cartilla” en la promoción de la participación ciudadana, según el cual, los mayores esfuerzos en materia de promoción y operación del control ciudadano se centran en la pedagogía mediante talleres, capacitaciones a distancia, videoconferencias, cartillas y libros, etc. El esfuerzo central debe orientarse a los resultados de la participación y a su impacto en la profundización de la democracia y del desarrollo humano.
ü Necesidad de corregir la dispersión institucional que se encarga de la promoción de la participación ciudadana, ya sea mediante la centralización en organismos especializados o a través de efectivos acuerdos interinstitucionales con enfoque de resultados y de impacto social.
ü Necesidad de crear un lenguaje común entre la administración y los administrados. Hoy pareciera que no hay términos comunes, intereses comunes, formas comunes de expresar y percibir los resultados de la gestión pública
Ø Dificultades Para A Superar En El Proceso De Participación Ciudadana
· Si bien es cierto que la constitución del 91 tuvo la capacidad de generar mecanismos y espacios para que el desarrollo fuera resultado de un proceso de irrigación de la comunidad hacia sus mandatarios y viceversa, no es menos cierto que la regulación se ha quedado corta como es el caso de la Ley 152 de 1994 que si bien plantea la obligatoriedad de conformar espacios como el de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), les asigna un carácter consultivo sin instrumentos que comprometan a que los mandatarios incorporen los conceptos al plan, de tal manera que este puede ser aprobado por el concejo o la asamblea y el alcalde sin haber tenido en cuenta las opiniones del Consejo.
Además los tiempos de los que se dispone para alcanzar un ejercicio de deliberación en el que se comprometa la ciudadanía es muy limitado, haciendo que la participación sea una permanente carrera contra el reloj lo que dificulta la profundidad de los análisis y la formulación de alternativas.
· De otro lado la manera como se designan los miembros favorece que los mandatarios puedan incidir en el perfil de los integrantes con un riesgo alto para las localidades que no cuentan con una ciudadanía organizada y comprometida en los procesos de participación y gestión de su propio desarrollo.
Estas dificultades plantean la necesidad de reformular la normatividad de la planeación participativa, en lo macro dándole cuerpo al sistema nacional de planeación para que sirva de puente entre las instancias nacionales y las locales corrigiendo los problemas anteriormente mencionados y explorando nuevos caminos para salirse del laberinto de la participación como un requisito formal.
No obstante, el factor que es realmente decisivo en el proceso de formulación de la política está relacionado con la capacidad de la ciudadanía para organizarse y hacer un trabajo de largo aliento en el que espacios como el CTP sean un escenario importante pero no el único, ya que la fortaleza de este se determina por las interrelaciones con la sociedad civil y la capacidad de la ciudadanía para ir más allá del concepto al control ciudadano de la gestión pública. Finalmente es la comunidad la que debe hacer el esfuerzo de plantearse un norte en términos de la visión de futuro en las dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas y territoriales que son deseables para una comunidad, no sólo en términos del periodo de cada mandatario, que resulta corto frente al proyecto de vida que la ciudadanía en un territorio puede fijarse.
Muchas Gracias
[1] Presidente Consejo Territorial De Planeación Distrital
Esta relación para mí significa qué debe ser hoy una política progresista siendo que la política más ética es una política de progreso, porque es una política que se centra en el valor de la igualdad y voy a decir una serie de cosas sobre la manera en que, entiendo yo, debería entenderse hoy la política. Yo tengo medianamente en cuenta la realidad del Distrito. Por eso, porque yo hablo desde una realidad que medianamente conozco, me interesa contrastar con ustedes, cómo lo ven desde su realidad y si lo consideran aceptable o consideran que estoy absolutamente equivocado, y que desde una realidad como la suya, hay que hablar de otras cosas, de otros problemas, que como presidente del CTP, me interesa mucho conocer, hablamos.
En la estructuración de esta ponencia o documento, partí del siguiente objetivo central: lo público en nuestro país requiere de un proceso histórico de construcción colectiva. De allí la importancia de la participación ciudadana en la vida social, en los diversos procesos políticos y, en especial, en el control a la acción estatal. Es claro que dicho control contribuye a hacer realidad un fundamento de la democracia contemporánea: el Estado requiere que el poder sea público, que se ejerza a los ojos de todos.
Los retos que hoy interpelan nuestro desarrollo local, exigen nuestro compromiso profundo con un distrito en el que la transparencia y la participación ciudadana son indispensables.
Es un tema en el que estamos trabajando todos, porque de repente nos hemos dado cuenta que hay que hablar de categoría ciudadana, del ciudadano, del sujeto de la política en el sentido más amplio del término política. No sólo en el sentido de la política que hacen los políticos, sino en el sentido de qué tipo de persona es la que se espera de un estado social de derecho, en una democracia participativa que no divide el trabajo en dos mundos distintos: lo que hacen los políticos y lo que reciben los ciudadanos; la idea de un ciudadano más activo
Conceptualizar las políticas públicas, el poder local y la participación ciudadana, son indiscutiblemente imprescindibles en los actuales momentos, tomando en cuenta factores de la práctica política que se entremezclan con las acepciones teóricas. Los dicho arriba ha sido abordado desde diferentes puntos de vista y áreas de conocimiento, por lo que para el presente trabajo nos conduce a definirlos con el apego teórico, sin dejar de lado la práctica política, factor importante para la operativización del mismo.
Las políticas públicas forman parte del qué hacer del Estado, desde la puesta en práctica de planes hasta la omisión de los mismos ante las demandas sociales. De cualquier forma es posible establecer una conceptualización más o menos consensuada, de que "lo político" y "la política" se refiere a principios de un determinado gobierno, orientada para atender fines y una población específica. O sea, es un medio para llegar a una determinada meta económica social.
La ejecución de la política pública tiene dos momentos: "un discurso, o sea una forma de cómo transformar una demanda en un propósito de acción y de registro de la agenda de decisiones de un gobierno; y una práctica, que es una forma para que los diferentes actores que se interrelacionan, formulen sus problemas, exijan soluciones, diseñen instrumentos y materialicen la política".
Es en la práctica política donde se inscriben la participación ciudadana y el poder local, como elementos sustantivos. Aunque, también debe considerarse que estos dos conceptos no son válidos sin tener en cuenta que la democracia es un sistema que fomenta la creación de espacios donde estos se desarrollan y practican. Lógico, sin perder de vista, que la "democracia no es un modelo rígido, terminado, ni tampoco una especie de receta que contenga las respuestas correctas a todos los problemas".
Como no es un modelo rígido, es perfectible, por tanto la participación ciudadana puede ir más allá de las reglas de juego establecidas en nuestra democracia representativa.
Tal vez, la vemos deformada, pero podemos considerar que el elemento "salvador" de esta deformación de la democracia representativa, puede estar asegurado en la democracia "participativa", la cual requiere de una "una sociedad civil que esté constituida por actores insertos en el sistema, con capacidad de gestión en distintos planos, con posibilidades de selección de alternativas, toma de decisiones y elementos propositivos".
Para el caso Cartagena, la sociedad civil actualmente tiene un nicho político y social importante para potenciar su accionar en la reestructuración y dinamización de la administración pública. En otras palabras, nos referimos al proceso de descentralización, especialmente en el tema del traslado de la toma de decisiones públicas de los órganos distritales asentados en el centro, hacia "órganos que se hallan en la periferia de la ciudad, sean estos constitutivos o no de esos órganos distritales". Siendo las localidades, la mayor expresión de estos órganos, con lo cual se vislumbra el fortalecimiento del poder local.
Así también, el papel de las comunidades organizadas es fundamental dentro del proceso de descentralización, la cual se sitúa en un contexto más amplio que el meramente institucional en el que implique el traspaso de capacidades que se encuentran en manos del Distrito directamente a la sociedad y sus organizaciones. Transferencia que debe ser acompañada del conjunto de competencias y recursos (financieros, humanos, materiales); "que podrá gestionar autónomamente en el marco de la legalidad vigente".
No obstante lo anterior, para efectos de la presente ponencia, la descentralización no es el tema principal, no deja de ser trascendental desde el punto de vista político-administrativo, como proceso que afecta no tanto la forma jurídica del distrito, como la forma en que se organiza el poder del mismo, sino la manera en el que los distintos órganos distritales hoy, ejercen el poder y las relaciones entre ellos.
Estos planteamientos conducen a revisar en detalle el papel de la participación ciudadana y el poder local en la generación de las políticas públicas dentro del marco del Sistema de Planeación nacional.
Particularmente, en el Distrito y las localidades, quienes juegan un papel importante en la ejecución y fiscalización del proceso de descentralización, para que no siga siendo una transferencia en el papel, sin hacer el real traslado de las condiciones y los recursos. Lo definido en el párrafo anterior, técnicamente podría representar para las autoridades Distritales una "carga" debido a la falta de recurso humano y técnico local, para asumir responsabilidades que en el caso nuestro, históricamente el Distrito ha administrado mal. Por ello, es importante que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, contemos con mecanismos de participación y consulta que garanticen la transparencia y eficacia de la gestión y el respeto de la voluntad soberana. La descentralización se convierte así, en un instrumento para democratizar el Distrito y no una nueva fragmentación en su administración y ejecución política.
Los elementos anteriormente descritos, permiten hacer una conceptualización apegada a la teoría y la práctica política de la participación ciudadana y el poder local. Definiendo la participación ciudadana como "el involucramiento e incidencia de la ciudadanía y la población en general en los procesos de toma de decisiones, en temas y actividades que se relacionan al desarrollo económico, social y político, así como el involucramiento en la ejecución de dichas decisiones", para promover en conjunto con actores sociales e institucionales, acciones, planificaciones y decisiones hacia el Distrito. Es avanzar en procesos eleccionarios y consultivos hacia la toma de decisiones acordes a las necesidades planteadas, que emergen desde lo comunal y comunitario, se plasman en el nivel local y se consolidan como la política pública del Distrito.
Significa que la participación ciudadana no es un estado mecánico, sino activo, en la priorización y conjunción de intereses y demandas para la búsqueda de solución a las mismas asumiendo y tomando decisiones. El reto, para nosotros y nosotras se convierte en fortalecernos, en el ámbito distrital y local: hacer efectivo el poder local, teniendo en cuenta, como lo indica Foucault, que el poder no está localizado en las instituciones, aunque éstas constituyen espacios donde se manifiesta y ejerce, su origen está fuera de ellas.
Estas acciones se realizan en un espacio determinado, en el nivel local geográficamente hablando será el Distrito y las localidades, en términos político-sociales será en la ciudadanía agrupada en lo que se define como poder local: "que no es más, que las fuerzas, acciones y presiones organizativas a nivel de la comunidad y del Distrito, que contribuyen a satisfacer las necesidades, intereses y aspiraciones de la población local", en donde la ciudadanía, tenga igualdad de oportunidades y un conjunto de garantías que hagan efectiva esa igualdad orientadas fundamentalmente a asegurar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el control y discusión de las políticas del gobierno distrital y local; en este sentido, la participación participará en el debate público y dispondrá de mecanismos que aseguren que la política del Distrito depende de la voluntad y preferencias de nosotros y nosotras como ciudadanos. Eso es precisamente, la democracia participativa.
Ahora bien, partamos de que el referente esencial de los sujetos en las políticas públicas con enfoque de derechos es la participación en medio del ejercicio de la ciudadanía en sociedades democráticas. Es decir, participación, ciudadanía y democracia son el fundamento de la dimensión sociopolítica de cualquier persona, máxime cuando para muchos de nosotros y nosotras, uno de los sentidos fundamentales de la ciudadanía tiene como horizonte los Derechos Humanos.
Miren, formar ciudadanos, con capacidad para participar y forjar sociedades democráticas, implica una serie de retos y desafíos, de entre los cuales es menester resaltar la necesidad de construir una cultura de derechos humanos y paz que ha de estar caracterizada por el respeto mutuo, el reconocimiento del otro, el respeto de la naturaleza y la valoración positiva de las diferencias.
Dicho proceso, fundamentalmente pedagógico, debe partir de generar la autorreflexión, de manera que los líderes y lideresas de las organizaciones sociales nos miremos a nosotros mismos, tanto como individuos y como colectivos, a nuestro entorno y seamos capaces de reflexionar en torno a nuestras actitudes frente a las diferentes situaciones cotidianas, al tiempo que asumimos que es importante que tanto nosotros y nosotras como los colectivos nos apropiemos de los conceptos y términos que nos han de permitir involucrarnos en la defensa de los Derechos Humanos.
Ello implica asumir con claridad una postura política frente a las inequidades e injusticias socioeconómicas y culturales. Se trata de afianzar procesos que formen ciudadanas y ciudadanos preocupados y comprometidos con el bien común, con lo público. De rescatar el sentido de lo político como servicio a las causas comunes, de tal forma que asumir la dimensión sociopolítica implica entre otras cosas generar la capacidad analítica y propositiva al tiempo que desarrolla en el ser humano las competencias necesarias para la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.
En términos de Paulo Freire, bastaría con interiorizar la idea de que “Entre sociedad y educación existe una relación dialéctica y muchas veces la educación se convierte en un importante instrumento para conservar el orden social existente.
Sí la educación para la paz no se convierte en un proceso de acción sociopolítica hacia un progresivo cambio social, no tendremos jamás una educación para la paz y la justicia, sino solamente palabras vacías y sin sentido.”
No cabe duda de que la participación política necesaria en el marco de un proceso democrático va más allá de la existencia de un sistema institucionalizado de elecciones periódicas y limpias. Es fundamental que haya la posibilidad de ejercer algunos otros derechos que son en cierto modo requisitos para que un proceso democrático funcione con alguna regularidad: el derecho de asociación y de reunión, la libertad de expresión y el derecho de acceder a la información, entre otros. La posibilidad real de poner en práctica tales derechos determinará que los sectores más pobres puedan influir en los procesos políticos y en la orientación de las decisiones gubernamentales, es decir, en que se revuelve nuevamente el domino. Pero estará a su vez condicionada o limitada por el grado en que esos sectores estén en condiciones de hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales.
Para incluir a todos los sectores de la sociedad en los procesos políticos y sociales de desarrollo se requiere como herramienta fundamental un adecuado acceso a la información pública y un caudal de información disponible que brinde elementos para evaluar y fiscalizar las políticas y decisiones que los afectan directamente. Si bien el acceso a la información es un principio claro en las estrategias de desarrollo, una mirada desde los derechos tal vez permita orientar mejor las políticas de transparencia y presionar a favor de los cambios institucionales necesarios en el Distrito.
La Red, como experiencia de coordinación social, busca preparar a los ciudadanos y ciudadanas del distrito, a las organizaciones sociales comprometidas con el ejercicio del control a la gestión de las entidades del Estado, y a los funcionarios responsables de dicha gestión pública. Se espera con la formación y capacitación lograr que el ejercicio del control por parte de los ciudadanos confluya y enriquezca la tarea de los organismos de control, y fortalezca la confianza de los ciudadanos en el Distrito y en la democracia.
Ø Algunos desafíos del control Ciudadano
Después de nuestro trasegar comunal y comunitario, de mirar y valorar el ejercicio del control ciudadano de las OSC y de quienes hacen parte de ellas, son muchas las lecciones aprendidas y también los desafíos que pueden apreciarse. Algunos de ellos son:
ü Necesidad de superar la “clientelización” y “el chantaje” de la participación ciudadana, según la cual unos pocos líderes sociales tradicionales se apoderan de manera monopólica de todos los escenarios de participación, casi siempre con claros intereses particulares o de grupo partidista.
ü Necesidad de superar la “burocratización” de la participación ciudadana, según la cual las regulaciones minuciosas y los trámites y procedimientos formales tienen más peso e importancia que lo sustantivo. Dicho de otra manera, como flexibilizar los mecanismos de participación y hacerlos más efectivos de cara a resultados visibles en bienestar y derechos humanos, que la gente hoy reclama.
ü Necesidad de superar “el enfoque pedagógico de cartilla” en la promoción de la participación ciudadana, según el cual, los mayores esfuerzos en materia de promoción y operación del control ciudadano se centran en la pedagogía mediante talleres, capacitaciones a distancia, videoconferencias, cartillas y libros, etc. El esfuerzo central debe orientarse a los resultados de la participación y a su impacto en la profundización de la democracia y del desarrollo humano.
ü Necesidad de corregir la dispersión institucional que se encarga de la promoción de la participación ciudadana, ya sea mediante la centralización en organismos especializados o a través de efectivos acuerdos interinstitucionales con enfoque de resultados y de impacto social.
ü Necesidad de crear un lenguaje común entre la administración y los administrados. Hoy pareciera que no hay términos comunes, intereses comunes, formas comunes de expresar y percibir los resultados de la gestión pública
Ø Dificultades Para A Superar En El Proceso De Participación Ciudadana
· Si bien es cierto que la constitución del 91 tuvo la capacidad de generar mecanismos y espacios para que el desarrollo fuera resultado de un proceso de irrigación de la comunidad hacia sus mandatarios y viceversa, no es menos cierto que la regulación se ha quedado corta como es el caso de la Ley 152 de 1994 que si bien plantea la obligatoriedad de conformar espacios como el de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), les asigna un carácter consultivo sin instrumentos que comprometan a que los mandatarios incorporen los conceptos al plan, de tal manera que este puede ser aprobado por el concejo o la asamblea y el alcalde sin haber tenido en cuenta las opiniones del Consejo.
Además los tiempos de los que se dispone para alcanzar un ejercicio de deliberación en el que se comprometa la ciudadanía es muy limitado, haciendo que la participación sea una permanente carrera contra el reloj lo que dificulta la profundidad de los análisis y la formulación de alternativas.
· De otro lado la manera como se designan los miembros favorece que los mandatarios puedan incidir en el perfil de los integrantes con un riesgo alto para las localidades que no cuentan con una ciudadanía organizada y comprometida en los procesos de participación y gestión de su propio desarrollo.
Estas dificultades plantean la necesidad de reformular la normatividad de la planeación participativa, en lo macro dándole cuerpo al sistema nacional de planeación para que sirva de puente entre las instancias nacionales y las locales corrigiendo los problemas anteriormente mencionados y explorando nuevos caminos para salirse del laberinto de la participación como un requisito formal.
No obstante, el factor que es realmente decisivo en el proceso de formulación de la política está relacionado con la capacidad de la ciudadanía para organizarse y hacer un trabajo de largo aliento en el que espacios como el CTP sean un escenario importante pero no el único, ya que la fortaleza de este se determina por las interrelaciones con la sociedad civil y la capacidad de la ciudadanía para ir más allá del concepto al control ciudadano de la gestión pública. Finalmente es la comunidad la que debe hacer el esfuerzo de plantearse un norte en términos de la visión de futuro en las dimensiones sociales, políticas, culturales, económicas y territoriales que son deseables para una comunidad, no sólo en términos del periodo de cada mandatario, que resulta corto frente al proyecto de vida que la ciudadanía en un territorio puede fijarse.
Muchas Gracias
[1] Presidente Consejo Territorial De Planeación Distrital
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