Seminario Cohesión Social: Inclusión y sentido de pertenencia
Ponencia de la Dra. Carolina Rentería,
Directora del Departamento Nacional de Planeación
Bogotá, Agosto 1 de 2007
Es para mí motivo de gran complacencia, dar apertura al seminario de Cohesión Social: Inclusión y sentido de pertenencia, el cual constituye una de las reuniones regionales preparatorias para la Décimo Séptima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en Santiago de Chile en Noviembre próximo.
Para el Departamento Nacional de Planeación es muy gratificante haber trabajado con la Secretaría General Iberoamericana y con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la organización de este evento, que convoca a los países Andinos. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a Colombia a mis colegas anfitriones del evento, los Doctores Enrique Iglesias y José Luis Machinea, así como a los representantes de Bolivia, Ecuador, y Perú quienes nos honran con su presencia.
También quiero resaltar y agradecer la presencia de un nutrido número de representantes de diferentes sectores del país, que incluyen la rama legislativa, los gremios, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos internacionales y multilaterales residentes en Colombia, de gobiernos subnacionales, así como mis compañeros del gobierno nacional.
De manera particular, quiero agradecer a Olga Lucia Acosta, Asesora de la Oficina de la CEPAL en Colombia, quien ha sido una pieza vital en la organización de este seminario.
En ocasiones, la cohesión social suele confundirse con otros conceptos como el capital social, la integración social, la inclusión social y la ética social. Sin embargo, la definición, que varía dependiendo de los contextos y realidades regionales, no coincide exactamente con ninguno de estos conceptos.
En la agenda de política pública de Colombia, el concepto de Cohesión Social no se ha abordado de manera explícita. Sin embargo, las estrategias sociales de largo plazo en las que ha venido y seguirá trabajando el país, apuntan a garantizar buena parte de los elementos incluidos en la definición propuesta por la CEPAL y la SEGIB para América Latina.
La discusión sobre cohesión social, que fundamentalmente ha tenido asiento en los debates sociales europeos, apunta a la mitigación y en lo posible a la eliminación de las brechas sociales y regionales que conduzcan a la superación de las condiciones de pobreza en cada uno de los países miembros de la Comunidad. El concepto está ligado entonces esencialmente a cuatro temáticas: ingreso, empleo, educación y salud.
Para América Latina, la cohesión social es un concepto nuevo, o mejor, un concepto en construcción. La CEPAL y la SEGIB han venido trabajando en una definición que combina tanto la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social, como el empleo, la educación, la titularidad de los derechos, y las políticas de fomento al bienestar y la protección social, así como los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad, que incluyen la confianza en las instituciones, el
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capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar.
Si acogemos varios de los elementos incluidos en la definición propuesta por la CEPAL y la SEGIB, se puede asegurar con convicción que Colombia está avanzando sustancialmente en la promoción de políticas que apuntan a lograr la cohesión social. Es así como ha venido progresando en la puesta en marcha de esfuerzos mancomunados de la sociedad civil, el sector privado, el tercer sector, los organismos internacionales, y las diferentes ramas y niveles de gobierno y del Estado, por combatir las desigualdades y lograr una sociedad más incluyente e integradora.
¿Qué ha favorecido la cohesión social en Colombia?
En primer lugar, la Constitución Nacional de 1991 consagra a Colombia como un “estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. El desarrollo constitucional colombiano enfatiza entonces en el carácter participativo de su democracia, en el reconocimiento de la construcción colectiva de las decisiones públicas, y en la necesaria corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos, como requisitos fundamentales para alcanzar la integración y combatir la desigualdad.
De otra parte, el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos significativos por poner en marcha una agenda de política integral que combina tres grandes objetivos: La Seguridad Democrática, la confianza inversionista, y la política social. Tal como lo manifestó el Presidente Alvaro Uribe Vélez, en su reciente discurso de instalación del Congreso de la República, “estos tres objetivos están transitivamente unidos: la seguridad estimula la inversión, y ésta, con responsabilidad social, permite avanzar en la superación de la pobreza y la construcción de equidad. Mientras la seguridad y la inversión hacen sostenible la política social, ésta legitima las dos anteriores”.
El disenso no legitima la anarquía ni cuestiona la democracia. Es por esto que la seguridad democrática es una defensa de la democracia. Los grandes esfuerzos realizados en materia de seguridad, han generado confianza en el país tanto para los inversionistas como para la sociedad en general. Y los resultados son evidentes: Entre 2002-2006 el número de homicidios se redujo un 40%, pasando de 28.237 en el
En el gobierno nacional estamos convencidos de que la confianza de los inversionistas y de los ciudadanos es lo único que permite un crecimiento alto y sostenido en el largo plazo. Pero para garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos, debemos procurar que la inversión sea socialmente responsable. Esto quiere decir, transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, solidaridad de la inversión con las comunidades, particularmente con las más pobres y vulnerables, y relaciones laborales donde la precariedad
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del empleo, las brechas salariales y la informalidad, sean superadas por la afiliación a la seguridad social, la expansión en el acceso a los activos, y la inserción productiva de todos los colombianos.
La confianza inversionista con responsabilidad social es la fuente de provisión de recursos para el logro de las metas de política social. En los últimos cinco años la inversión como porcentaje del PIB ha pasado de 12 al 27% en el primer trimestre del presente año y la inversión privada ha escalado de
La confianza de los inversionistas, y el crecimiento de la economía (que alcanzó el 8% del PIB en el primer trimestre del presente año) son medios necesarios para alcanzar nuestro compromiso más importante: superar la pobreza y promover la equidad. La estrecha relación entre crecimiento y pobreza llevó a que para 2006, la pobreza moderada1 cayera de 55.7% en
¿Cuáles son los desafíos para promover acciones que apunten hacia la cohesión social en Colombia?
En materia social Colombia es hoy un país diferente al que teníamos décadas atrás. Nuestro país está orgulloso de su nivel de descentralización por el cual los departamentos y municipios son responsables por cerca del 51% del gasto público a nivel nacional. Con el empeño y el concurso de los diferentes niveles de gobierno, estamos muy cerca de alcanzar coberturas universales de educación básica y salud, lo que sin duda nos ayudará a superar las barreras a la movilidad social, un factor crítico detrás de la persistencia de las inequidades en el ingreso.
Sin embargo, somos conscientes de que aún tenemos grandes desafíos para promover la inclusión e integración de todos los colombianos, y por ello hemos orientado las acciones del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Estado Comunitario Desarrollo para todos, hacia la superación de estos retos.
En lo relativo al fortalecimiento del Estado, estamos comprometidos con la consolidación de la presencia institucional en todo el territorio nacional, combatiendo el crimen organizado y asegurando el respeto de las libertades y los derechos de los ciudadanos. La seguridad es un requisito para la ampliación de la democracia.
Igualmente, seguimos trabajando en la profundización de la descentralización, garantizando recursos constantes y estables del Sistema General de Participaciones, por el cual se giran las transferencias a las regiones.
También seguimos promoviendo políticas que incentivan la participación ciudadana y complementan los procesos locales y nacionales de transformación institucional y rendición
1 Medida como porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza (Cálculos hechos por la MERPD basados en la Encuesta de Ingresos y Gastos, ajustada por cuentas nacionales).
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de cuentas a los ciudadanos. La sostenibilidad de los procesos de gobernabilidad local genera confianza institucional que a la vez crea un sentido más fuerte de cohesión social y sentido de pertenencia.
Por otra parte, estamos empeñados en conjugar el crecimiento económico con la equidad. Queremos que todos los colombianos tengan acceso a los activos (físicos, humanos y financieros) e igualdad de oportunidades. Para esto, para el período 2006-2010 el gobierno ha formulado una ambiciosa agenda social dirigida hacia la protección social de carácter universal, focalizada en los grupos más pobres y vulnerables. Es decir, mientras se avanza en la universalización de coberturas de salud y educación, se trabaja en acciones de promoción social encaminadas a permitir que los grupos más pobres y vulnerables tengan acceso a la oferta social del Estado.
Adicionalmente, y como parte de la estrategia de reducción de la pobreza y desigualdad, el país trabaja en la implementación de una Red de atención integral a las familias en extrema pobreza, por medio de la provisión del acceso preferente a la oferta de programas y proyectos sociales del Estado a las familias más pobres. La Red JUNTOS para la Superación de la Pobreza Extrema, permitirá que en 2010 más de 1,5 millones de familias pobres y desplazadas puedan desarrollar capacidades y convertirse en gestoras de su propio desarrollo.
En materia de empleo, el país se ha propuesto reducir la tasa de desempleo (promedio enero - diciembre) al 8,8% (hoy en el 11%) y disminuir el trabajo infantil, especialmente en sus peores formas. Como estrategia clave se destaca el desarrollo de una política de generación de ingresos que fomente el emprendimiento, la competitividad y la formación de capacidades de los individuos.
En seguridad social, nuestra meta principal es alcanzar cobertura universal de régimen subsidiado para 24 millones de personas, que corresponden a la población más pobre del país, así como lograr 2.2 millones de personas afiliadas al Régimen Contributivo de Salud. Así mismo, se propone como meta en salud pública, el cumplimiento, como mínimo, de las proyecciones hechas para 2010 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de Milenio a 2015: 100% de acceso a control prenatal, 95% de atención institucional del parto, y 75% de prevalencia de uso de métodos modernos de planificación en la población sexualmente activa. En este frente también se propone aumentar la cobertura de pensiones al 38% (hoy en el 25%) y los afiliados a riesgos profesionales a 6,2 millones (hoy en 5,3 millones).
En materia de formación de capital humano queremos concentrar nuestros esfuerzos en promover la equidad en el acceso a este tipo de capital, y particularmente en alcanzar logros en materia de educación. Superar la baja movilidad educativa supone acciones tanto de oferta como de demanda, y garantizan retornos importantes. Nuestra meta es alcanzar cobertura universal en educación básica (10,7 millones de niños) y aumentar las coberturas en educación inicial, media y superior, esta última al 35%, con altos estándares de calidad. Lo anterior se complementará con programas que incentiven la asistencia y permanencia escolar –como los programas de transferencias condicionadas–, la consolidación de un sistema de formación por competencias, articulando la educación formal y la educación para el trabajo.
Tal como lo sugieren la CEPAL y la SEGIB, todas estas reformas y acciones no generarán beneficios si no se acompañan por iniciativas que permitan reducir las brechas de
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Expectativas entre los activos simbólicos y los activos materiales de los ciudadanos, es decir las brechas entre lo que la gente aspira a tener y lo que materialmente puede alcanzar. Estas brechas, como la existente entre educación y empleo, sólo pueden cerrarse si se desarrollan acciones concretas para focalizar las intervenciones en los más pobres y excluidos y para ampliar el acceso a las oportunidades a todos los ciudadanos.
Igualmente, debemos reforzar en el reconocimiento constante y permanente del carácter multicultural de nuestro país, así como nuestra diversidad étnica y racial. La participación efectiva de las minorías en los espacios de concertación y toma de decisiones, así como su acceso real a la oferta del Estado es un compromiso permanente para los diferentes niveles de gobierno de nuestro país.
De otra parte, renovamos nuestro compromiso permanente y reconocemos lo que nos hace falta por hacer y obtener en materia de prevención, protección y atención a la población que ha sufrido el horror del desplazamiento forzado, uno de los fenómenos que mas afecta el desarrollo del país en todos los campos y que genera mayores desafíos para el alcance de la cohesión social. El reconocimiento de los derechos de esta población y la disposición de estrategias y programas dirigidos específicamente a la recuperación de sus condiciones de vida constituyen una prioridad del gobierno y de la sociedad colombiana. Es por eso que desde el Departamento Nacional de Planeación hemos liderado la elaboración de los unos indicadores que nos permitirán avanzar en la medición de cómo se progresa en la superación del estado de cosas inconstitucional con una perspectiva de Gozo Efectiva de Derechos.
Así mismo, somos conscientes de que para reducir la violencia y el conflicto, y lograr una verdadera integración, debemos trabajar en la inclusión y la reintegración a la vida civil de aquellos colombianos que por diversas razones han engrosado las filas de los grupos armados al margen de la ley y que progresivamente están avanzando en el abandono de las armas. Los retos son muy grandes para lograr progresar hacia un país sin paramilitares, sin guerrilla, sin narcotráfico, sin corrupción. El gobierno tiene toda la voluntad para alcanzarlo, pero a esto no llegaremos sin el concurso y el apoyo de la sociedad en general.
Colombia ha está avanzando en procurar condiciones que promuevan la cohesión y la inclusión social. Espacios como este nos ayudan a reconocer que debemos superar los debates ideológicos en búsqueda de nuevos modelos, compartir un solo norte que es el bienestar de todos los colombianos, y trabajar juntos en la provisión de políticas e iniciativas regionales que apunten hacia la consolidación de sociedades más integradoras, incluyentes y equitativas. La invitación es entonces a participar muy activamente en las discusiones de este seminario.
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